En líneas generales las confesiones religiosas se financian a través de los aportes de sus fieles y de la gestión de sus propios recursos. También, en menor medida y no en todos los países, mediante mecanismos estatales de diversa naturaleza.

En la Argentina rige un sistema de financiación directa a favor de la Iglesia Católica y otro indirecto que favorece a todas las religiones por igual. Este último –mucho más importante por su cuantía– opera por medio de beneficios fiscales de diferentes órdenes (nacionales, provinciales y municipales). Para dar ejemplos, los servicios relativos al culto están exentos del IVA, las instituciones religiosas del impuesto a las ganancias, del gravamen al cheque o del ABL en el plano local. El Estado actúa de manera análoga con otras manifestaciones sociales (el deporte o el arte), con otro tipo de instituciones (asociaciones civiles o fundaciones) o con otros productos que se venden (libros o pan).

Volviendo a la Iglesia Católica, los aportes encuentran fundamento en el artículo 2 de la Constitución Nacional y en las confiscaciones de bienes que sufrió la Iglesia en épocas pasadas. Se concreta hoy día mediante asignaciones a ciertas autoridades, seminaristas y párrocos de frontera. Estudios realizados por la propia Iglesia indican que el monto total representa un porcentaje mínimo de los recursos necesarios para desarrollar su tarea, espiritual y social. Por eso parece una exageración decir que el Estado “sostiene” a la Iglesia Católica. Lo cierto es que en la gran mayoría de las parroquias y lugares de culto el ingreso principal proviene de los aportes de los fieles, sobre todo mediante las colectas.

El mundo ofrece diversos sistemas de financiación, por ejemplo el pago a ministros de culto en Bélgica, Dinamarca o en algunos lugares de Francia. Es interesante el modelo vigente en Italia, llamado de “asignación tributaria”. Los ciudadanos en su formulario del pago del impuesto a los réditos eligen destinar un pequeño porcentaje (0,08%, el “otto per mille”) a una confesión religiosa de su preferencia, al Estado para fines sociales o a ninguno. En España y en Alemania rigen sistemas similares, aunque en este último país el contribuyente “añade” un monto a lo que ya debe tributar. Es un “impuesto eclesiástico”. Pueden mencionarse algunos aspectos positivos de estos modelos, entre otros que desaparecen las críticas de los ciudadanos en torno a ser obligados a mantener una iglesia que no es la propia, que el sistema es muy eficaz al utilizarse el aparato recaudatorio estatal y además que las confesiones religiosas (cuyos ingresos pasan a tener cierta previsibilidad) coadyuvan a formar una cultura tributaria en sus feligreses, ya que incentivan el pago de impuestos.

No pocas veces hay confusión en la opinión pública sobre la financiación de las confesiones religiosas en lo que hace a su misión educativa. En efecto, el Estado en sus diferentes jurisdicciones realiza un aporte para el pago de salarios docentes, aunque los mismos no tienen que ver con quién es titular o gestiona el establecimiento (que puede ser inclusive una persona física) sino con el cumplimiento de ciertos requisitos, como la función social que cumple en su zona de influencia, el tipo de institución, el proyecto educativo o el arancel que perciba. Es decir, lo que financia el Estado es la educación en sí y no a las confesiones religiosas (en el caso de que reciban aportes).

Se trata en definitiva de dar más opciones educativas a las familias, porque sin esa ayuda estatal muchos establecimientos, religiosos o laicos, no podrían funcionar.

Lo mismo puede decirse en materia de protección del patrimonio cultural. Cuando el Estado coopera económicamente con la puesta en valor de un templo religioso de significación no está financiando a la iglesia o comunidad de que se trate, sino que está favoreciendo el cuidado del acervo artístico del país.

Ahora bien, las confesiones religiosas en general, a través de sus libros sagrados, de sus normas jurídicas o de su praxis, recuerdan el deber que tienen los fieles de ayudar a sostener no sólo sus actividades (culto, apostolado, caridad) sino también a sus ministros. Hay algunas en las cuales sus integrantes tienen una mayor concientización de este deber y otras en la que no tanto. Y con la financiación estatal (directa o indirecta) ocurre algo paradójico, porque a veces genera un efecto indeseado: que los fieles no asuman el compromiso que les corresponde en el entendimiento de que a su confesión la sostiene el Estado.

Retomando el caso argentino, a una porción de la sociedad le agravia que con sus impuestos se sostenga en forma directa a una confesión religiosa en particular, aunque el monto sea casi simbólico. A ello podría contestarse con argumentos constitucionales e históricos y con la afirmación de que no siempre las personas estamos de acuerdo con la destinación de los recursos estatales. De cualquier forma, considero que las propias instituciones religiosas no deben cesar en la generación de mecanismos al interno de sus comunidades para autofinanciarse. Será siempre una contribución a su independencia y autonomía, a su libertad.

Ello no quita que el Estado coadyuve con beneficios tributarios o bien que otorgue mayores incentivos a los ciudadanos que quieran efectuar donaciones a las instituciones religiosas (o no religiosas). En la Argentina hay escasa cultura en ese sentido.

En suma, en materia de financiación de las confesiones debe caminarse en dos sentidos. Por un lado, el trabajo “interno” tendiente a lograr una mayor concientización de los fieles de ayudar a sus iglesias o comunidades a mantenerse económicamente. Por el otro, la labor del Estado de continuar y mejorar los esquemas tributarios a nivel de exenciones, deducciones u otras figuras. Ello siempre que se parta, como no dudo ocurre en la Argentina, de la valoración positiva del hecho religioso en sí y del trabajo que, muchas veces en forma silenciosa, realizan las confesiones a nivel espiritual, educativo y de caridad.

“La mayor parte de los fondos de la Iglesia católica provienen del aporte de los fieles”

Contra una creencia bastante extendida de que a la Iglesia católica en la Argentina la sostiene totalmente el Estado, “la mayor parte de los fondos con que hoy cuentan es por la colaboración voluntaria de los fieles que aportan tanto en las celebraciones litúrgicas, en las colectas dominicales y fiestas de preceptos”, dice el padre Máximo Jurcinovic, de la Oficina de Prensa de la Conferencia Episcopal . En rigor, según estimaciones de expertos, la asignación mensual que reciben los obispos (y que destinan sobre todo al funcionamiento de su obispado), más otra muy menor a los párrocos de frontera y a los seminaristas diocesanos ronda el 7 % de su presupuesto. Con todo, en su último plenario de abril, los obispos comenzaron a analizar cómo procurar más fondos para eventualmente renunciar al aporte estatal establecido en la Constitución.

El padre Jurcinovic señala que, además, también “la gente en su generosidad también realiza donaciones particulares”. Y no sólo en dinero. También en propiedades, cuya renta es otra fuente de recursos. Finalmente, Jurcinovic puntualiza que “para atender algunos proyectos, no solo de la Iglesia local, sino universal, se realizan colectas organizadas, en fechas estipuladas convenientemente”. Y completa: “Para algunas actividades extraordinarias la Iglesia organiza eventos solidarios a beneficio, organizados por las propias comunidades”.

A fines de los 90, el Episcopado implementó el Plan Compartir para que los fieles conozcan mejor el destino de su aporte y crear más conciencia sobre la necesidad de aumentar su contribución ante la insuficiencia de recursos. De todas formas, el programa dejó en claro que el objetivo de incrementar los ingresos es arduo. Acaso la principal razón sea, como se dijo antes, la creencia de muchos católicos de que a la Iglesia católica la sostiene completamente el Estado.

“Cada congregación evangélica depende exclusivamente de sus miembros”

“La conformación autónoma de cada iglesia evangélica hace que el sostenimiento y financiamiento de cada congregación dependa exclusivamente de sus propios miembros o fieles a través de ofrendas y diezmos voluntarios”, dice el pastor Rubén Proietti, presidente de la Alianza Cristiana de Iglesias Evangélicas de la República Argentina (ACIERA).

Señala que “uno de los principios más inspiradores que trajo la Reforma Evangélica hace 500 años es el del sacerdocio de todos los creyentes, que reconoce la dotación de los mismos para el servicio en la comunidad eclesial y hacia la sociedad. Otro de los principios que siempre nos ha caracterizado es de lograr el sostenimiento de las distintas actividades a través de los diezmos y ofrendas. Sin una regularidad en los mismos cualquier plan de trabajo sufre sus consecuencias y el llevar su misión de ayudar al prójimo y predicar el evangelio de Jesús, se resiente y dificulta”.

Por otra parte, subraya que “fieles al principio de separación de Iglesia y Estado hemos rechazado el privilegio que significa que una Iglesia sea favorecida con su sostenimiento por el Estado nacional y no aceptamos ni aceptaríamos una situación similar que nos favoreciera económicamente porque ello atentaría contra la libertad, la igualdad y la convivencia democrática”.

“Recordemos que el diezmo (además de las múltiples ofrendas) se daba al templo para cuidado de la infraestructura, y su personal que no poseía tierras ni herencias, y para los más necesitados (viuda, huérfano, extranjero, etc.)”, apunta. Y completa: “En la actualidad, las iglesias, además de canalizar las ofrendas de los creyentes en las actividades cúlticas, también van a la ayuda social que se hace por medio del voluntariado en la prevención y rehabilitación de las adicciones, la obra pastoral en las cárceles y la asistencia a los pobres”.

“En el judaísmo los recursos provienen de respetar lo que dice la Toráh y el Talmud”

“El judaísmo se ha sostenido a sí mismo, desde sus comienzos, por el apego a la Ley. La primera formalización de las mismas, se hizo en el Monte Sinaí, dónde de acuerdo a la tradición Moisés recibió los 10 Mandamientos y a partir de ellos, se comenzó a legislar”. dice Alberto Zimerman, profesor de la facultad de Ciencias Económica de la UBA y ex protesorero y secretario de Relaciones Interconfesionales de la DAIA.

Añade que “gracias al Pentateuco, los hijos de Israel tuvieron una visión característica y acumulativa acerca del posible destino de cada persona y su orden social. A partir de esta legalidad es que éste conjunto de personas comenzó su relación con la tierra, que como señalan los sabios, pertenece al Señor. Ya en la Toráh (Pentateuco, Biblia Hebrea) -puntualiza- empiezan a aparecer las primeras formas de sustentación. Pero en el Talmud, (la ley oral posteriormente escrita) aparecen algunos párrafos significativos sobre la centralidad del pensamiento del pueblo judío.

“Al ser un pueblo errante, hasta la creación del Estado de Israel hace nada más que 70 años -subraya-, el judaísmo, lejos de nacer de y en la tierra, se fundó en el exilio. En está condición y lo podemos constatar en cualquier ciudad del mundo dónde hayan vivido judíos, al asentarse, creaban tres cosas: las escuelas (Torá), las sinagogas, el cementerio”.

En ese sentido, afirma que “los judíos que llegaron a Argentina no fueron ajenos a estos 3 pilares. Dependiendo de su origen, (Europa Oriental, Mediterráneo, Marruecos, Siria) creaban sus propias escuelas, sus propias sinagogas y sus cementerios. Buenos Aires es un ejemplo típico de ello. Los recursos para sostenerlos provenían, y lo siguen haciendo, de respetar lo establecido en la Biblia y en el Talmud: el apego a la letra, a la ley, a los preceptos”.

“Las instituciones musulmanes en la Argentina se sostienen por sí mismas”

“Las instituciones musulmanas en la Argentina –enmarcadas en asociaciones civiles o fundaciones- se sostienen por sí mismas, fundamentalmente con las cuotas de sus socios y el propio aporte de la comunidad islámica”, explica Firas Elsayer, secretario de Prensa del Centro Islámico de la República Argentina (CIRA), la principal organización musulmana del país. Con sede en la avenida San Juan al 3.000, en el barrio porteño de San Cristóbal, el CIRA cuenta con la mezquita Al Ahmad, en la vecina calle Alberti al 1500, y con el lindante colegio primario y secundario Argentino Árabe Al Jattab, al que concurren 450 alumnos.

Buenos Aires también cuenta desde el año 2000 con la popularmente llamada mezquita de Palermo (en la intersección de las avenidas Bullrich y Libertador), bajo el nombre de Centro Cultural Islámico “Custodio de las Dos Sagradas Mezquitas Rey Fahd”, el templo musulmán más grande de América Latina. Pertenece al Reino de Arabia Saudita, que se ocupa de su sostenimiento. Además, en Flores (en la calle Felipe Vallese al 3600) está la mezquita AT Tauhid, que es propiedad de la República Islámica de Irán.

Además, se estima que en el país hay alrededor de un centenar de las denominadas “salas de oración”, donde los musulmanes se congregan a rezar (la prescripción son cinco veces al día en dirección a La Meca), pero que no llegan a tener la categoría de mezquita. Además, los musulmanes que cuentan con recursos económicos (y buena salud) tienen el deber de peregrinar al menos una vez en la vida a La Meca.

Como instituciones inscriptas en el Registro de Culto, las musulmanas tienen los beneficios económicos otorgados a los lugares de culto. Además de las exenciones impositivas como asociaciones civiles y fundaciones.